Para el ministro David Luna no hay lugar a discusión: Uber, Airbnb, Cabify y las aplicaciones de domicilios son legales. “Desde 2009 está consagrado el principio de neutralidad en la red, y significa que cualquier plataforma puede rodar por la red salvo que exista prohibición expresa del Congreso de la República. El Congreso solo ha establecido dos prohibiciones: la pornografía infantil y los juegos de azar; todo lo demás es legal”, explica tajantemente el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

Pero ¿por qué Hugo Ospina, líder de los taxistas que se oponen a las aplicaciones tecnológicas, puede hacerse acompañar de agentes de policía para allanar oficinas y detener automóviles vinculados a las aplicaciones? Nadie lo ha explicado. Lorenzo Villegas, abogado experto en legislación de telecomunicaciones (quien ha sido también asesor legal de Uber), piensa que el gobierno ha dado demasiadas largas a este problema, el cual, en su opinión, podría haberse resuelto hace ya mucho tiempo con alternativas que existen, como el transporte privado o el alquiler de vehículos con conductor, consagrados en la ley.

Nadie en el Ministerio de Transporte parece comprender lo esencial de la economía digital: disrupciones que obligan a los países a adaptarse a los cambios tecnológicos, no al revés. El auge de la llamada economía colaborativa consiste precisamente en que mediante plataformas tecnológicas sencillas los actores se conectan entre sí para hacer negocios. Hacen negocios con bitcoines sin pasar por la intermediación de los bancos; o consiguen alojamiento en Cartagena sin acudir a los hoteles. Cuando Rappi o Mercadoni envían un domiciliario, no están prestando servicios de venta de comida, no se convierten en restaurantes, ni la Secretaría de Salud o el Invima revisan si sus oficinas cumplen las normas de higiene o tienen licencia para operar como fabricantes de alimentos. Porque no lo son. Estas plataformas solo comunican al propietario del restaurante con un usuario que quiere un buen almuerzo. Bajo el mismo esquema funcionan, en todo el mundo, Airbnb, Uber, el bitcóin y tantas otras start-ups innovadoras. “Ha habido malos mensajes del gobierno. Por un lado, el Ministerio de TIC apoyando estas iniciativas y, por otro, la Superintendencia de Transporte diciendo que Uber y Cabify son ilegales”, sostiene el abogado Villegas.

Semana