Esta tarde, desde la Habana (Cuba) el presidente Juan Manuel Santos y el Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) realizaron quizás el anuncio más importante de las negociaciones del proceso de paz:  los acuerdos respecto a la justicia transicional, además de que anunciaron que a mas tardar en Marzo de 2016 deberá estar firmado y concluido el proceso de paz.

El diario El Espectador (Bogotá, Colombia), reveló el día de hoy algunos apartes de los anuncios realizados en la Habana.

Solo Paisas reproduce parte de una de las notas principales de la Redacción de Paz de este diario:  “Lo que se acordó en el punto de justicia fue crear una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial. Éstos estarán integrados especialmente pormagistrados colombianos y una participación, minoritaria de juristas extranjeros.

La función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo “acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitoscometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”. 

 En declaraciones entregadas desde La Habana, el Jefe de Estado y el máximo cabecilla de las Farc se explicó que el componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual. 

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.

Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias. De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.   

Fundamentalmente, el acuerdo señala que todo tratamiento especial está condicionado a la verdad plena, la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición de los delitos cometidos.

Se hace claridad de que la participación en ese sistema de justicia por parte de las Farc está sujeta a la dejación de las armas a más tardar a los60 días de la firma del acuerdo final.

Por último, se reconoce en la declaración conjunta del presidente Juan Manuel Santos y de alias ‘Timochenko’, que la transformación de las Farc en un movimiento político legal es un objetivo compartido y tendrá apoyo del Gobierno.

Si usted desea leer el artículo original, diríjase a este link:  Gobierno y Farc anuncian final de la guerra a más tardar para marzo de 2016