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JUEZ CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DECLARÓ LA NULIDAD DEL DECRETO EN PRIMERA INSTANCIA.

El Juez Cuatro Administrativo Oral de Medellín declaró la nulidad del Decreto 1807 de noviembre de 2012 por el que se restringió el parrillero hombre en las motos en la ciudad.

“Fue una demanda que interpuso  en agosto del 2013 y que declara la inconstitucionalidad de la medida, entre otros elementos”, dijo el abogado Nicolás Arango Vélez, demandante del Decreto.

Voceros de la Secretaría de Seguridad informaron que la Alcaldía no ha sido notificada oficialmente del fallo y aunque el acto ya se registra en el sitio de consulta de procesos de la Rama Judicial, no se va a pronunciar todavía al respecto.

El abogado Nicolás Vélez explicó que la Alcaldía podrá apelar la decisión ante el Tribunal Administrativo. Esa instancia, segunda y definitiva, tendría tres meses para emitir un fallo definitivo.

“Entre los argumentos están que la medida afecta directamente no a los delincuentes sino a los ciudadanos”, dijo. 

Como se recordará, la medida se basó en la necesidad de restringir el accionar de la delincuencia que usaba las motos para cometer homicidios, robo de vehículos y motos,  y hurto a personas.

La medida siempre causó rechazo por parte de diversos sectores e incluso grandes protestas por parte de miles de motociclistas.

 La medida, que inicialmente se aplicaría por seis meses,  se ha prolongado por casi dos años con grandes efectos socioeconómicos según sus detractores y resultados positivos en la lucha contra la delincuencia, según la Alcaldía.

¿Qué es una acción de nulidad?

Es la herramienta jurídica para que toda persona pueda solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos que profiera la administración.

Esta procede, según las normas que la estipulan,  cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse o cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes. 
 
También se puede solicitar la nulidad cuando el acto se expide en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación.

Por: VÍCTOR VARGAS RODRÍGUEZ

Diario ADN